Proponen licencia laboral por casos de violencia de género

Claudia Bonato

El jueves último, la diputada Verónica Benas (Unidad Popular) presentó en la Legislatura provincial un proyecto de ley que contempla la creación de la licencia laboral en casos de violencia de género para trabajadoras y trabajadores del Estado. La iniciativa “Llamemos a las cosas por su nombre” es impulsada por sindicatos nucleados en la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) de Rosario y Santa Fe, y pretende visibilizar una problemática social que oprime en mayor medida a mujeres.

“El antecedente más cercano lo tienen los docentes de la provincia de Chubut, donde el gremio logró incorporar, mediante paritarias, un nuevo concepto al régimen de licencias y franquicias en el que quedó establecida la categoría «violencia de género». Es la única provincia argentina y el único lugar en Latinoamérica donde está vigente esta norma”, señaló en diálogo con Rosario3.com, la secretaria de Género e Igualdad de oportunidades de CTA Rosario, Majo Gerez, y agregó que “hace unas semanas, una docente de esa provincia hizo uso de esta licencia por primera vez, en la Argentina”.

Según explicó, “en Santa Fe, uno de los sindicatos que sigue muy de cerca la situación de las trabajadoras que sufren violencia de género, es Amsafé. En el transcurso de 2014, ya acompañó 9 casos de violencia de género, sólo en la ciudad de Rosario”.

Lo que preocupa a los gremios que promueven el cambio en el régimen de licencias, es la categoría en la que queda “camuflado” el ausentismo a raíz de una situación de violencia, ya que al no estar nomenclada como tal, queda registrado como “licencia psiquiátrica” o “por razones personales”.

“Esto no sólo genera estigmatización hacia la mujer, sino que también invisibiliza la problemática real que conlleva la violencia de género. Por eso, nuestra iniciativa lleva por título: «llamemos a las cosas por su nombre» y constituye un paso más hacia la igualdad de oportunidades”.dijo Gerez.

El proyecto de ley presentado en la Legislatura santafesina alude a “empleadas y empleados públicos”, es decir que pretende abarcar todas las situaciones de violencia de género, tanto las padecidas por mujeres –que son la amplia mayoría– como las sufridas por hombres, que si bien son escasas en comparación con las primeras, también existen.

“Este flagelo ataca ampliamente a mujeres, pero también contempla los excepcionales casos que puedan tener a varones por protagonistas”, señaló la dirigente, quien destacó que la sanción de esta ley permitirá además, realizar una estadística de los casos registrados.

Desde el gremio afirman que “a las mujeres les cuesta mucho verbalizar lo que les está pasando y mucho más anunciarlo en los lugares de trabajo. Aún hoy, muchas mujeres siguen culpándose por lo que les ocurre y entienden que la violencia que sufren es consecuencia de las relaciones patriarcales y desiguales que se dan en la sociedad. Si contamos con una ley, les estaremos garantizando más seguridad para que concurran a la fiscalía o a la comisaría a denunciar”, aseguró.

La Multisectorial de Mujeres se reúne todos los miércoles a las 19 en el local de ATE, San Lorenzo 1879.

El proyecto

La iniciativa propone la modificación de los regímenes de licencia, justificaciones y franquicias mediante un artículo que establezca que “en los casos en los que la empleada o empleado público, víctima de violencia de género deba ausentarse por tal motivo de su puesto de trabajo, esta inasistencia sea total o parcial, contará con la debida justificación emitida por los servicios de atención y asistencia a las víctimas de violencia de género, los que evaluarán las condiciones y tiempo de la referida licencia.

Asimismo, el personal víctima de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a ser asistido integralmente, tendrá derecho a la reducción de la jornada o a la reordenación del tiempo de trabajo o del lugar de origen del mismo, mediante la certificación pertinente acreditativa del hecho”.

Esta iniciativa apunta a reconocer que la violencia de género no es una enfermedad ni un asunto particular sino que es una manifestación cultural, estructural y creciente de desigualdad y poder en la que, si bien hubo avances en la legislación nacional y provincial tendientes a erradicar la violencia, aún el Estado tiene profundos vacíos legales para dar respuesta.

La iniciativa pretende contener un derecho laboral no reconocido como tal, y generar instancias de políticas públicas, observatorios de estadísticas oficiales e índices de femicidios, para el correcto diseño de políticas públicas integrales indispensables para poder prevenir y asistir a las víctimas de violencia de género, posibilitando la atención psíquica, física y legal de cada trabajadora o trabajador del Estado víctima de violencia.